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El Estado Plurinacional de Bolivia a través de su Misión ante la Unión Europea es parte firmante, junto a otros 16 países del “Sur global”, de la nota conjunta que se envió a la Presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola, al Presidente del Consejo Europeo Charles Michel, a la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y al representante de España ante la Unión Europea en su calidad de presidencia protempore Marcos Alonso Alonso, manifestando preocupación por los posibles impactos negativos de la nueva Regulación de Deforestación.
El reglamento europeo 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, que entró en vigor el pasado 29 de junio, pretende combatir la deforestación y degradación forestal relacionadas con materias primas y productos específicos, comercializados en el mercado de la UE o que sean exportados al mismo. Prohibiendo el ingreso de productos provenientes de tierras de deforestación o degradación.
Muchos de los paises en desarrollo consideran que causará un perjuicio directo, entre ellos Bolivia.
Por consiguiente, nuestra representación Diplomática en Bélgica, junto a las representaciones de Argentina, Brasil, Indonesia y otros 13 países han conseguido plasmar en una carta conjunta, dirigida a las máximas autoridades de la UE, la solicitud de reconsideración de varios puntos en la norma.
Inicialmente, la regulación tenía por objeto frenar la deforestación de las tierras agrícolas para la producción de ganado bovino, el cacao, el café, el aceite de palma y la madera. Posteriormente, los colegisladores europeos y de manera unilateral acordaron ampliar el ámbito de acción al caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y variados de aceite de palma con la posibilidad abierta de expandir a nuevas áreas forestales.
Según el Reglamento, se impondrían obligaciones de diligencia a los agentes que comercializan estas materias primas y/o productos derivados en el mercado de la Unión Europea o que exportan hacia la misma.
Por otro lado, los Estados miembros de la UE serían los encargados de la ejecución del seguimiento y fijación de sanciones en caso de incumplimiento. Adicionalmente, la Regulación plantea proveer de un sistema de evaluación comparativa que clasificaría a los países como: países de riesgo bajo, estándar o alto, de producir materias primas o productos derivados no conformes.
La representante del Estado Plurinacional de Bolivia ante la UE, la Emb. Vilaseca, expresó que la norma tiene un fuerte carácter punitivo y apuntó que se deben tomar en cuenta 2 puntos: el primero, que la meta de la reducción de deforestación es un objetivo conjunto, multilateral, acordado en varias COPs que se rige bajo el “principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Haciendo referencia a la deuda de los países desarrollados como contribuyentes históricos de emisiones de carbono, en el acuerdo de Paris estos paises han comprometido entregar 100.000 millones de dólares al año en financiamiento climático y a garantizar que los países en desarrollo como Bolivia, tengan acceso a tecnología y conocimientos para hacer estos cambios, entre estos reducir la deforestación.
En este contexto, llama la atención que la regulación de deforestación esté transfiriendo dicha responsabilidad de lucha contra el cambio climático, únicamente a los países en desarrollo a través de políticas comerciales unilaterales.
Por otra parte, apuntó que si la intención real es la de reducir la deforestación de forma efectiva, Bolivia propuso hace más de un año a los proyectistas de la norma en inmediaciones del consejo, la recomendación de abordar el desafío desde una política de incentivos, por ejemplo que desde la UE abran mercados especializados con valor añadido a productos de frutos de bosques, bio ecológicos y que logren fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, reconociendo los avances de trazabilidad que se han realizado, y la excelente calidad de los productos orgánicos, derivados de la gestión forestal sostenible, la agrosilvicultura y las iniciativas comunitarias que ayudan no sólo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sino también a erradicar la pobreza.
Vilaseca resaltó la importancia de entender las diferentes realidades de los paises, y que las pequeñas, medianas empresas y productores locales no necesariamente tienen las facilidades económicas, administrativas o el acceso digital para batallar con excesos burocráticos y que sin cooperación en cuanto a la implementación de sistemas de incentivos, transferencia tecnológica o capacitación, la norma de deforestación podría volverse en una tranca y un retroceso en los paises exportadores.
Bolivia es uno de los primeros países promotores y concientizadores en temas de cuidado del medio ambiente y la carta expresa la preocupación respecto a la alta probabilidad de que la regulación se convierta en una limitación comercial para los terceros países exportadores, más que una motivación a reducir la deforestación, concluyó.
De Igual forma, Bolivia y varios de los firmantes ya hicieron público su descontento hace más de un año y concuerdan que la UE, pese a las diferentes comunicaciones se ha mostrado “inflexible” hasta el momento, por lo que solicitan la apertura de un diálogo para resolver mientras reafirman su compromiso con “las metas ambientales multilaterales”.
En Bolivia la norma se enfoca en principio en el cacao, el café, la madera, el caucho, el aceite de palma, la soya, la carne de res y en sus derivados (cuero, chocolate, muebles y otros), productos que más agravan la tala de árboles.
“Esta nueva normativa va a tener un impacto significativo en las exportaciones no solo bolivianas, sino de toda la región, en particular de los países productores de materias primas”, afirma el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco
Por ello, la nota conjunta enviada de varios de los países Bolivia en Bélgica, solicita de manera concreta, medios para minimizar estos impactos a través de capacitaciones y transferencia de información, adecuadas a los pequeños productores y exportadores.
